El 2 de enero de este año, en conferencia de prensa, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático expresó: “La administración de justicia en Panamá se encuentra en una grave y prolongada crisis, agravada notablemente en el período 2009-2016, debido entre otras circunstancias, a denuncias de corrupción, acusaciones recíprocas y conflictos de poder entre los operadores de justicia, hechos que han llevado a una situación de desestabilización institucional y baja credibilidad pública en el sistema judicial”.
El cuestionado fallo de nulidad sobre el caso de FINMECANICA, agudiza la incertidumbre existente en torno a la recta administración de justicia. Y establece sin matices un preocupante grado de selectividad a favor de los delitos de cuello blanco a diferencia del trato que reciben los más 17 mil privados de libertad en Panamá. Frente a esta situación el PRD manifiesta lo siguiente:
Bajo ninguna circunstancia dicho fallo debe interpretarse como la inexistencia de un acto de corrupción, que le costó cientos de millones de balboas a la sociedad panameña. Las recientes declaraciones de la procuradora general de la nación, con el propósito de encontrar respaldo en la opinión pública frente a las decisiones del órgano judicial, en determinados casos, deja en evidencia lo que el PRD ha venido señalando de manera reiterada. Desde el inicio de esta administración no se tomaron las medidas necesarias frente a los requerimientos de nuestro sistema judicial debido a la avalancha de casos de corrupción derivados de la administración de Ricardo Martinelli.
Tanto el MP como el órgano ejecutivo son responsables de no haber ampliado las capacidades de las instituciones encargadas de llevar adelante las investigaciones de casos, que por su naturaleza, resultaban complejos. No se crearon las fiscalías especiales que debieron encargarse de estas tareas, y tampoco se dotó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de los recursos necesarios para fortalecer el caudal probatorio de los procesos.
No haber actuado como correspondía está generando fracasos en las causas iniciadas que derivan en investigaciones deficientes, cuyos resultados ya están a la vista. De las declaraciones de la Procuradora podemos anticipar cuál será el destino de los casos más emblemáticos de corrupción de la pasada administración.
De igual modo, las declaraciones que hizo el presidente de la República Juan Carlos Varela, quien manifestó haber hablado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para informarle sobre algunas irregularidades que se presentan dentro del Órgano Judicial y en tono amenazante le indicó solicitar renuncias o proceder con destituciones de funcionarios judiciales, de lo contrario “se atenga a las consecuencias”, constituyen una intromisión indebida del Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del Poder Judicial, lo que atenta contra el orden democrático en los términos previstos por el artículo 2 de la Constitución Política de Panamá.
Si el Presidente Varela, estima que se incurrió en alguna irregularidad sobre la actuación de algunos jueces o magistrados del Órgano Judicial, lo que debe hacer es presentar la denuncia correspondiente y no lesionar la esencia de la doctrina de la separación de los poderes del Estado. Permitir que el Ejecutivo determine la orientación de los fallos judiciales, afecta sensiblemente nuestro sistema democrático y coloca al actual presidente de la República en el límite de un eventual proceso judicial. El PRD reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción y exige que el Ministerio Público persiga e investigue con eficiencia y eficacia, dentro del debido
proceso, a quienes delinquen, para que finalmente sean sancionados.
El PRD está por un sistema judicial independiente, transparente y profesional, como pilar fundamental de nuestro sistema democrático, y hace un llamado a las distintas fuerzas sociales para retomar los compromisos del Pacto de Estado por la Justicia a fin de lograr su efectiva implementación y lograr el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.
