El Partido Revolucionario Democrático (PRD), luego de una investigación y análisis realizados por su Comisión de Energía, fija ante el país su posición respecto a los apagones ocurridos en la Subestación Panamá 1, los días viernes 17 y martes 21 de marzo de 2017.
Ambas situaciones, que se produjeron tras las explosiones de transformadores de corriente (CT’s), han dejado en evidencia un funcionamiento peligrosamente inadecuado, administrativa y técnicamente, en la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), que tienen su génesis en eventos ocurridos en diciembre de 2013, en 2014 y en abril de 2015, tanto en la Subestación Panamá 1, como en las subestaciones de Mata de Nance, en Chiriquí, y Llano Sánchez, en Aguadulce.
Como parte de la ineficiencia figura la postergación de la licitación de la tercera línea de transmisión, pues ETESA contaba en el año 2009 con los recursos y los pliegos de cargos, sin embargo, el gobierno del período 2009-2014 creó una crisis para alquilar generación a un costo mayor que la compra de los mismos generadores. Es decir, al igual que en otros casos, se prefirió beneficiar a terceros, en lugar de hacer las inversiones y los correctivos correspondientes.
Esta tercera línea de transmisión tenía un costo estimado de 138 millones de dólares en 2009, incluyendo la indemnización de servidumbre, y ya en 2013 se licitó en 285 millones de dólares adjudicándosela a Odebrecht. En este momento la licitación de la línea en cuestión tendrá un costo superior a los 300 millones, ya que en el precio de la misma no se contempló la indemnización necesaria, y ahora será el Estado quien correrá con la cuenta. Adicionalmente, este retraso incorporará costos por compensación y generación obligada, de una energía que no habrá llegado a la comunidad nacional.
El retraso intencional de dichos procesos ha producido la situación que ya conocemos, además de costos diarios de millones de dólares, si se consideran las afectaciones a la industria y a los hogares panameños, y deja la responsabilidad de los mismos en la Junta Directiva y en la Gerencia de ETESA, así como en la Secretaría de Energía y la ASEP. El rol de vigilancia y fiscalización de cada uno de esos organismos obliga a prever estas situaciones, sin que quepa excusa alguna al respecto.
Tal cual lo demuestra hoy la inseguridad y daños que han dejado los apagones en la comunidad nacional, la administración de los procesos de prevención del sector eléctrico del país, no pueden estar sujetos ni a improvisaciones ni a medidas de última hora, o a desastres como los ocurridos recientemente.
Si nos retrotraemos a la descapitalización que registraron las desparecidas instituciones, IRHE e INTEL durante el primer gobierno post invasión, pareciéramos estar ante el mismo proceso con el cual se pretendió justificar luego la venta de las mismas. El PRD quiere expresar ante el país su oposición a cualquiera medida que entrañe la posibilidad de privatizar ETESA. A diferencia de los argumentos utilizados en los años 90 respecto a la incapacidad financiera del Estado para hacer las inversiones que se requerían en aquel momento, hoy el Estado panameño posee los recursos necesarios para fortalecer a ETESA y aplicar medidas que superen las deficiencias administrativas anotadas o cualquier viso de corrupción.
Comité Ejecutivo Nacional, Partido Revolucionario Democrático 29 de marzo de 2017.